Este «análisis técnico» léase con humor 🙂

Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto aplicarse de verdad.
En teoría, este artículo impone un plazo máximo de 12 meses para la instrucción penal. En la práctica, se ha convertido en un trámite formal que se prorroga casi por sistema —cuando no se ignora directamente— con autos genéricos que apenas justifican la necesidad real de seguir investigando.
Y cuando algún abogado se atreve a alegar la caducidad del plazo…
Siempre hay una excusa.
Siempre se «entiende» prorrogado.
Siempre se le da una interpretación que vacía el artículo de todo efecto útil.
El resultado: más inseguridad jurídica, instrucciones eternas y un texto legal convertido en puro decorado.

¿Reforma necesaria? ¿Voluntad de hacer cumplir la ley? ¿O simplemente admitir que el 324 es un brindis al sol?

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