Hoy me siento desolada. Acabo de hablar con el procurador y nos ha confirmado algo que, aunque intuíamos, no deja de resultar difícil de asumir: en la Audiencia Nacional todavía continúan pendientes de resolución asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado correspondientes a los años 2021 y 2022, y los recursos registrados en 2023 ni siquiera han comenzado a resolverse.

Y ahora explícale esto a una mujer que lleva litigando desde 2016, que pasó tres años en prisión provisional por unos delitos que no cometió. Que tuvo que someterse a dos juicios con jurado hasta ser declarada no culpable. A una mujer que consumió su patrimonio en la defensa de su inocencia y vio cómo su vida personal y familiar quedaba quebrada, hasta el punto de perder a su hermana durante este larguísimo proceso, incapaz de soportar la presión y el señalamiento social derivados de ser identificada como la hermana de una supuesta asesina que, finalmente, resultó no serlo.

Desde 2023 estamos reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado. Y seguimos esperando.

Me muero de rabia e impotencia porque hay daños que sencillamente no pueden medirse. No puede medirse el desgaste de una familia durante casi una década de incertidumbre. No puede medirse lo que supone perder tres años de libertad y, después de haber sido declarada no culpable, seguir esperando años para obtener una respuesta del Estado.

Sinceramente, hay momentos en los que una se pregunta si una reparación que llega tantos años después sigue siendo realmente una reparación.

En este caso no ha habido justicia ni humanidad.